Dr. Luis Sujatovich – UDE – Universidad Siglo 21 –
El Estado en la red se comporta como una plataforma, se interesa por brindar servicios que sean fáciles de realizar y empleando la menor cantidad de tiempo posible. Ni siquiera en los modelos de gobierno abierto y gobierno digital se advierte un intento por recuperar un rol significativo para la sociedad contemporánea, en ambos casos el acceso a la información, la gestión y la comunicación parecen ser los beneficios más relevantes. La administración eficiente se ha convertido en el modo elegido para habitar la red.
Esta decisión supone no sólo el triunfo del neoliberalismo más recalcitrante, dado que resume al Estado a un simple gestor. Atrás han quedado los conflictos de intereses entre sectores, no hay ninguna tensión social, ni parece haber interés por una intervención que permita reconocer su protagonismo. La reducción de la brecha digital también queda atrapada por esta reducción notable de sus atribuciones: basta con extender la infraestructura y generar acceso a dispositivos. La soberanía, en consecuencia, no está en disputa: está cancelada.
Si todos los esfuerzos se orientan a dar ingreso pero no se abordan las responsabilidades que se deben atender, (dado que la ciudadanía digital no puede ceñirse a operar con éxito las interfaces ni a poseer las claves necesarias para poseer un usuario), es muy difícil abrir interrogantes acerca de cómo debe desempeñarse.
La incertidumbre que impera ante la magnitud y la velocidad de los cambios revela que también la noción de Estado, en su perspectiva más integral, precisa una reformulación. Quizás se podría regresar a los fundamentos que han ido solventando su desarrollo, y así observar que a comienzos del siglo pasado una de las responsabilidades más significativas fue convertirse en un mediador entre las necesidades de los trabajadores y los empresarios. La política de Yrigoyen fue creando condiciones para organizar de una forma menos brutal la relación entre ambos, es cierto que otros gobiernos, especialmente Perón, suscitaron una transformación sustancial, pero como estamos en el comienzo, bien podemos ser austeros en nuestras pretensiones.
En consecuencia, el Estado podría mostrarse más activo para indagar en sus posibilidades para que la ciudadanía digital no se olvide de la soberanía (por ejemplo de los datos, los servidores, las aplicaciones y los equipos), y también para que no cifre toda su acción a la mera transacción de documentos, turnos y habilitaciones. ¿O acaso el Estado no se puede interesar en proteger a sus habitantes frente a las grandes corporaciones? No hay dudas que no sería sencillo, pero si dejamos que cada quien se arregle solo, es imposible que la situación sea más favorable. Uno contra Google, es cero. En cambio, el Estado, o mejor, muchos Estados (como sucede con la Unión Europea), ya no sería tan baladí.
Asumir que el Estado no es sólo una plataforma es indispensable y urgente. Si en la red estamos solos, nuestra fragilidad es absoluta y la historia ya ha demostrado qué sucede cuando los pueblos quedan desamparados. ¿Será que cuando nos conectamos estamos regresando el siglo XIX?
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