Por Aylin Mariani* –
Hay una paradoja que atraviesa desde hace décadas la cuestión Malvinas y que, al menos para muchos argentinos, resulta difícil de comprender. Cada vez que nuestro país vuelve a reclamar su soberanía sobre las islas, desde el Reino Unido suelen surgir respuestas que presentan ese reclamo como una provocación, una amenaza o incluso una agresión contra los habitantes del archipiélago. Sin embargo, la pregunta que debería hacerse es bastante más sencilla: ¿por qué reclamar la soberanía sobre un territorio cuya soberanía está precisamente en disputa tendría que ser considerado un acto de agresión? Argentina no comenzó a hablar de Malvinas después de la guerra de 1982 ni convirtió el tema en una reivindicación circunstancial de algún gobierno. El reclamo argentino es muy anterior y tiene como uno de sus puntos centrales el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron a las autoridades argentinas que se encontraban en las islas y establecieron allí su control. Desde entonces, el Estado argentino sostuvo su protesta y mantuvo su reivindicación de soberanía.
La cuestión, por supuesto, no puede reducirse a una consigna ni resolverse solamente apelando a sentimientos patrióticos. Existe una historia compleja, documentos, antecedentes jurídicos y posiciones contrapuestas que deben ser analizados con seriedad. Pero hay un elemento que tampoco puede ignorarse: la comunidad internacional reconoce que existe una controversia de soberanía. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, mediante la cual reconoció expresamente la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica y definitiva. La resolución también estableció que debían tenerse en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Y esa distinción es importante, porque no planteó la cuestión simplemente como una decisión unilateral de los isleños sobre a qué Estado pertenecer, sino como una controversia de soberanía que debía ser resuelta entre la Argentina y el Reino Unido, teniendo en consideración a la población que vive allí.
El Reino Unido sostiene una posición completamente diferente. Afirma que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir su propio futuro y que su voluntad debe ser respetada, además de considerar que la administración británica sobre el archipiélago y el vínculo de sus habitantes con el Reino Unido constituyen elementos centrales de su posición. Argentina, en cambio, sostiene que la cuestión no puede reducirse al principio de autodeterminación porque se trata de una disputa territorial entre dos Estados y porque la población actual de las islas se desarrolló bajo administración británica después de la ocupación de 1833. Desde la perspectiva argentina, reconocer los derechos, intereses y modo de vida de los isleños no significa aceptar que ellos puedan resolver por sí mismos una controversia de soberanía que involucra a dos países. Son posiciones jurídicas y políticas diferentes, y precisamente porque son diferentes la controversia continúa abierta.
En este punto aparece una cuestión que muchas veces se pierde en medio de la discusión: reconocer la existencia de una población en las islas y respetar sus derechos no obliga necesariamente a renunciar al reclamo argentino de soberanía. Nadie debería pretender que los habitantes de las Malvinas sean tratados como si no existieran, que sus vidas, familias, costumbres o intereses fueran irrelevantes. Pero tampoco parece razonable sostener que la sola existencia de una población asentada durante generaciones bajo administración británica pueda cerrar automáticamente una disputa territorial anterior. Si así fuera, cualquier controversia territorial podría quedar resuelta simplemente por el paso del tiempo y por la consolidación de una administración sobre el territorio disputado. Ese es, justamente, uno de los puntos centrales sobre los que Argentina y el Reino Unido mantienen posiciones irreconciliables.
En argentina la gran mayoría sostenemos que las islas fueron “robadas” y que, por lo tanto, su dueño legítimo está perfectamente determinado. Desde la perspectiva argentina, la ocupación británica de 1833 constituye una usurpación de un territorio sobre el cual nuestro país ejercía soberanía y cuyos derechos considera heredados de España tras la independencia. Desde la perspectiva británica, en cambio, esa interpretación es rechazada y el Reino Unido considera que su soberanía sobre las islas es legítima. Precisamente porque ambas partes sostienen argumentos incompatibles, la cuestión continúa siendo una disputa y no un asunto históricamente cerrado.
Lo que sí resulta difícil de comprender es que el reclamo argentino sea presentado en sí mismo como una agresión. Argentina puede equivocarse en sus estrategias diplomáticas, puede haber cometido errores históricos y políticos, puede incluso discutirse la manera en que distintos gobiernos han utilizado la cuestión Malvinas, pero nada de eso elimina el hecho de que reclamar diplomáticamente una soberanía que un Estado considera propia forma parte de una controversia internacional. La propia Constitución Nacional define como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, estableciendo además que esa recuperación debe realizarse respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional.
Hay algo más que tampoco debería olvidarse: el reclamo argentino no comenzó con la guerra de 1982 y tampoco terminó con ella. La derrota militar argentina dejó una herida profunda y produjo consecuencias que todavía forman parte de nuestra memoria colectiva, pero no convirtió mágicamente en inexistente la controversia de soberanía que existía antes del conflicto. Del mismo modo, la guerra no transformó automáticamente la posición británica en una verdad histórica incuestionable. Una cosa es el conflicto armado de 1982 y otra, diferente, es la disputa histórica y diplomática por la soberanía de las islas. Confundir ambas cuestiones permite reducir una controversia mucho más antigua a los acontecimientos de diez semanas de hace más de cuatro décadas.
Entonces quizás la pregunta debería formularse de otra manera. No deberíamos preguntarnos solamente por qué Argentina insiste con Malvinas, sino por qué el reclamo argentino es presentado como una amenaza cada vez que vuelve a aparecer en la agenda diplomática. Argentina no necesita negar la existencia de los isleños para sostener su posición, ni necesita desconocer sus derechos para afirmar que existe una disputa de soberanía. Puede reconocer su realidad, respetar su modo de vida y, al mismo tiempo, sostener que la soberanía sobre el territorio continúa siendo una cuestión pendiente. Del mismo modo, el Reino Unido tiene derecho a defender su posición, pero eso no convierte automáticamente el reclamo argentino en una agresión.
En definitiva, quizás haya que recuperar una distinción que parece elemental pero que demasiadas veces se pierde: reclamar no es agredir. Si dos Estados sostienen posiciones contrapuestas respecto de la soberanía de un territorio, el hecho de que uno de ellos insista en su reclamo no significa que esté intentando “robar” algo que el otro posee legítimamente; significa que precisamente cuestiona esa legitimidad. El Reino Unido administra hoy las islas y sostiene que su soberanía es indiscutible. Argentina sostiene exactamente lo contrario y reclama una negociación. Mientras esa controversia permanezca sin una solución definitiva, ambas posiciones seguirán enfrentadas.
Las Malvinas, entonces, no deberían ser solamente una bandera, una consigna o un recuerdo asociado a una guerra dolorosa. Son también una cuestión histórica y diplomática que Argentina mantiene desde hace casi dos siglos y que la propia Organización de las Naciones Unidas ha reconocido como una controversia de soberanía. Podemos discutir las estrategias, podemos cuestionar a nuestros gobiernos, podemos analizar nuestros errores y podemos debatir todos los aspectos jurídicos e históricos del conflicto. Lo que no deberíamos hacer es confundir el reclamo con la agresión. Porque mientras no exista una solución acordada, Argentina seguirá teniendo derecho a sostener su posición, de la misma manera que el Reino Unido seguirá defendiendo la suya. Y quizás la verdadera madurez de una discusión sobre Malvinas consista precisamente en poder defender nuestra reivindicación con firmeza, pero también con argumentos, historia y derecho.
Porque una cosa es querer imponer una posición por la fuerza y otra muy distinta es decir, después de casi dos siglos: “Consideramos que este territorio nos pertenece y queremos que la cuestión sea discutida y resuelta por vías pacíficas.”
*Colaboración para En Provincia.
Imagen: Archivo web.
