La negociación salarial entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los trabajadores estatales sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que el Congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolviera aceptar la propuesta oficial de incremento del 7% para los meses de julio y agosto.
La definición estuvo lejos de ser un trámite. Reunidos en La Plata, los congresales debatieron durante varias horas los mandatos surgidos de las asambleas distritales realizadas el martes y, finalmente, aprobaron la oferta por una diferencia mínima, reflejando el clima de división que atraviesa al sector docente frente a una inflación que continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios.
La propuesta aceptada contempla una recomposición del 7% distribuida entre julio y agosto y el compromiso del Ejecutivo bonaerense de reabrir la mesa paritaria durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y definir una nueva actualización salarial.
La decisión de la FEB se produce en un contexto de negociaciones simultáneas con el resto de los gremios que representan a los trabajadores del Estado provincial. En las últimas semanas, la administración de Axel Kicillof avanzó con una estrategia común para los distintos sectores de la administración pública, ofreciendo incrementos de características similares y manteniendo abierta la posibilidad de nuevas revisiones si las variables económicas así lo requieren.
Los sindicatos que representan a los trabajadores de la Ley 10.430 también vienen analizando la misma propuesta salarial. Si bien algunos gremios manifestaron conformidad con la continuidad del diálogo paritario y la cláusula de revisión, otros advirtieron que los porcentajes ofrecidos resultan insuficientes para recuperar el salario frente al incremento sostenido del costo de vida.
Un escenario similar se observa entre los profesionales de la salud nucleados en distintos sindicatos, donde las negociaciones continúan atravesadas por el reclamo de una recuperación real del poder adquisitivo y por demandas vinculadas a las condiciones laborales y la cobertura de cargos vacantes.
La estrategia del Gobierno provincial apunta a sostener el funcionamiento de las paritarias como un mecanismo de actualización periódica de los salarios, evitando acuerdos de largo plazo en un contexto económico que mantiene altos niveles de incertidumbre. Desde el Ejecutivo consideran que las revisiones frecuentes permiten adaptar las remuneraciones a la evolución de la inflación y preservar el diálogo con las organizaciones sindicales.
Sin embargo, entre los gremios persiste la preocupación por el deterioro acumulado de los ingresos. La aceptación de las ofertas oficiales, en muchos casos, responde más a la necesidad de mantener abierta la negociación que a una conformidad plena con los porcentajes propuestos.
Con la decisión adoptada por la FEB, el conflicto docente encuentra, al menos por ahora, un punto de equilibrio que garantiza la continuidad de las clases sin medidas de fuerza inmediatas. No obstante, todas las miradas ya están puestas en septiembre, cuando el Gobierno provincial y los sindicatos volverán a sentarse en la mesa paritaria para discutir un nuevo esquema de actualización salarial en un escenario económico que continúa siendo cambiante.
Fotografía: Archivo En Provincia.
