Por Ailani Rosas* –
De las universidades argentinas a las cuentas del poder, de las alianzas políticas a la memoria de la conquista de América, una misma pregunta atraviesa la historia: ¿por qué nos resulta más fácil juzgar a los demás que someternos a nuestro propio examen?
Hay una costumbre profundamente humana que, cuando se instala en la política, adquiere dimensiones preocupantes: exigirles a los demás una conducta que no estamos dispuestos a aplicar sobre nosotros mismos. La contradicción puede adoptar distintas formas. A veces se presenta como una exigencia de justicia; otras, como una reivindicación histórica, una promesa electoral o una defensa de principios que parecen innegociables hasta que llega el momento de aplicarlos en casa.
Las noticias de estos días ofrecen una oportunidad para detenernos en esa vieja costumbre. No porque los protagonistas sean iguales ni porque todos los hechos admitan la misma interpretación, sino porque permiten formular una pregunta que debería incomodarnos mucho más de lo que suele hacerlo: ¿quién controla a quienes reclaman el derecho de controlar a los demás?
Cuando el Estado debe ser obligado a cumplir
Un juez impone una multa diaria a un funcionario nacional por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario. La noticia podría quedar reducida a una disputa entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, a una cifra que se acumula día tras día o a un nuevo capítulo de la confrontación política argentina. Pero hay algo más inquietante. El Estado es quien establece las obligaciones, recauda los impuestos, fiscaliza a los ciudadanos y dispone de herramientas para exigir que las normas se cumplan. ¿Qué sucede cuando es el propio Estado el que debe ser intimado judicialmente para cumplir una obligación?
La intervención de un juez no constituye, por sí misma, una anomalía: precisamente para eso existe un Poder Judicial independiente, capaz de controlar los actos de los otros poderes. El problema aparece cuando una decisión judicial queda sin cumplir y es necesario multiplicar las intimaciones para obtener una respuesta. Las consecuencias no son solamente jurídicas. También son culturales. Cada incumplimiento alimenta la sospecha de que las reglas son rigurosas para los ciudadanos comunes, pero negociables para quienes gobiernan.
Y si la desobediencia genera multas que terminan afectando recursos públicos, aparece otra cuestión: ¿quién soporta finalmente el costo de una conducta que el Poder Judicial considera contraria a una orden vigente? La universidad, entretanto, no es una abstracción presupuestaria. Es el lugar donde se forman profesionales, se investiga, se produce conocimiento y se construyen oportunidades. La discusión sobre su financiamiento puede ser legítima; el cumplimiento de las decisiones judiciales no debería depender de la conveniencia política de quien debe ejecutarlas.
Las alianzas también hablan
Otra imagen de la actualidad muestra al gobernador bonaerense Axel Kicillof junto a Juan Grabois. Una recorrida territorial, una actividad vinculada con necesidades sociales y una fotografía que, en política, nunca es solamente una fotografía. Las alianzas son parte de la democracia. Los dirigentes tienen derecho a construirlas, a compartir agendas y a trabajar con personas con las que mantienen coincidencias, aunque también existan diferencias. Pero esas decisiones tienen un costo y un significado: comunican prioridades, valores y límites.
Grabois es una figura controvertida, con una trayectoria vinculada a los movimientos sociales y posiciones que generan pocas adhesiones y muchos rechazos. Sus actuaciones públicas y sus conflictos judiciales han sido objeto de discusión. Cada episodio debe examinarse según sus circunstancias y su estado procesal, sin transformar una denuncia en una condena ni una crítica política en un hecho probado.
Sin embargo, la pregunta sobre las alianzas permanece en pie. ¿Qué valores considera irrenunciables un dirigente cuando decide con quién compartir una actividad pública? ¿Qué está dispuesto a justificar en nombre de una causa? ¿Dónde coloca el límite entre la coincidencia política y la responsabilidad por el mensaje que transmite?
La respuesta no consiste en prohibir encuentros ni en convertir cada fotografía en una acusación. Consiste en comprender que la autoridad política no se construye solamente con discursos, sino también con decisiones. Y que esas decisiones pueden ser examinadas por una sociedad que tiene derecho a preguntar, disentir y exigir explicaciones.
La auditoría que mira hacia afuera
La declaración de Máximo Kirchner sobre una eventual auditoría de los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones introduce otra dimensión del mismo debate.
Auditar no es, por definición, una amenaza. Revisar el cumplimiento de las condiciones, controlar el uso de beneficios fiscales y detectar irregularidades son funciones legítimas del Estado. Ninguna inversión, por importante que sea, debería quedar al margen de la ley.
Pero una auditoría necesita reglas claras, criterios objetivos y procedimientos que no dependan de la identidad política de quien está siendo examinado. Si se utiliza como instrumento de revancha o para alterar arbitrariamente las condiciones bajo las cuales se tomaron decisiones económicas, deja de ser una garantía de transparencia y se convierte en una fuente de incertidumbre.
Y aquí aparece una pregunta inevitable. Quien reclama examinar las cuentas ajenas, ¿está dispuesto a aceptar el mismo rigor cuando se examinan las propias?
Máximo Kirchner pertenece a una familia cuyo patrimonio y cuyas propiedades han sido objeto de investigaciones y decisiones judiciales. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa Vialidad y cumple prisión domiciliaria. La Justicia también dispuso medidas de decomiso vinculadas con bienes de los condenados y de integrantes de su entorno familiar.
Estos hechos deben describirse con precisión, sin extender los alcances de una sentencia más allá de lo que efectivamente resolvió. Una decisión judicial no permite afirmar, sin pruebas adicionales, que cada bien de una familia tenga un origen ilícito. Pero tampoco vuelve ilegítimo preguntar por el patrimonio de quienes ejercieron el poder, por sus declaraciones juradas y por las explicaciones ofrecidas ante la Justicia.
La exigencia de transparencia no puede ser selectiva. No corresponde reclamar controles para las empresas y rechazarlos para los funcionarios; tampoco invocar la persecución política como respuesta automática a cada investigación, del mismo modo que no corresponde dar por culpable a una persona por el solo hecho de ser investigada.
La vara debe ser la misma. Para todos.
España y la memoria que incomoda
La doble vara tampoco conoce fronteras ni se limita a la política contemporánea.
La historia de España y América ofrece uno de los debates más persistentes sobre la memoria, la identidad y la responsabilidad. La conquista del continente estuvo acompañada por guerras, sometimiento, explotación y una catástrofe demográfica de los pueblos originarios, causada por una combinación de violencia, enfermedades y desestructuración de sus sociedades. España no ha formulado una disculpa oficial general en los términos que reclaman algunos gobiernos latinoamericanos. Esa ausencia ha alimentado discusiones diplomáticas y debates sobre la manera en que una sociedad debe relacionarse con su pasado.
Al mismo tiempo, determinados relatos históricos españoles presentan la Reconquista como la recuperación de territorios cristianos frente al dominio musulmán. Esa interpretación convive con episodios difíciles de reducir a una celebración: las persecuciones religiosas, la expulsión de los judíos en 1492 y la posterior expulsión de los moriscos.
La historia es compleja y no puede juzgarse como si los siglos no hubieran pasado. Tampoco sería riguroso atribuir a los españoles de hoy una responsabilidad personal por cada acción cometida por sus antepasados.
Pero reconocer la complejidad no significa eludir las preguntas. ¿Por qué algunas páginas del pasado se recuerdan como gestas y otras se consideran asuntos incómodos? ¿Por qué una misma sociedad puede reivindicar su expansión territorial y, al mismo tiempo, resistirse a revisar críticamente las consecuencias de esa expansión?
No se trata de exigir una culpa hereditaria. Se trata de distinguir entre la responsabilidad penal individual, que no se transmite de generación en generación, y la responsabilidad histórica de conocer, reconocer y discutir los hechos. Una sociedad madura no necesita borrar sus victorias para admitir sus tragedias. Tampoco necesita negar sus aportes culturales para reconocer los abusos cometidos en su nombre.
La memoria no debería funcionar como un tribunal que condena a unos y absuelve de antemano a otros. Debería servir para comprender mejor lo ocurrido y evitar que las conveniencias del presente decidan qué parte del pasado merece ser contada.
La honestidad empieza donde termina el privilegio
Los casos son diferentes. Una medida cautelar incumplida, una alianza política cuestionada, una promesa de auditoría y una controversia histórica no son hechos equivalentes. Sería un error presentarlos como si tuvieran idéntica gravedad o respondieran necesariamente a las mismas causas.
Lo que sí comparten es una pregunta sobre la coherencia.
La democracia necesita controles, pero también dirigentes dispuestos a aceptar esos controles. Necesita leyes, pero también funcionarios que comprendan que no están por encima de ellas. Necesita memoria histórica, pero una memoria que no se acomode exclusivamente a las necesidades del presente. Y necesita algo más difícil de conseguir: que los principios sobrevivan al momento en que dejan de beneficiarnos.
Es sencillo reclamar transparencia cuando se examinan las cuentas del adversario. Es sencillo invocar la justicia cuando el fallo nos favorece. Es sencillo condenar la violencia cuando la ejerce alguien del otro lado. Es sencillo pedir que una nación reconozca sus errores cuando no son los propios los que están bajo examen. Lo difícil es aceptar el mismo criterio cuando la pregunta se vuelve incómoda, cuando el control alcanza a los propios, cuando la sentencia contradice nuestras convicciones o cuando la historia que celebramos contiene episodios que preferiríamos no recordar.
No se trata de exigir perfección. Ninguna sociedad ni ningún dirigente están libres de contradicciones. Se trata de no convertirlas en un privilegio, de no justificar para los nuestros aquello que condenamos en los demás y de no confundir la lealtad política con la renuncia al juicio crítico. Porque el problema de la doble vara no es solamente que mida de manera diferente. Es que, con el tiempo, termina destruyendo la confianza en la propia medida.
Y cuando la ciudadanía deja de creer que las reglas valen para todos, la democracia conserva sus instituciones, sus elecciones y sus discursos, pero pierde algo esencial: la convicción de que el poder también tiene límites. Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos frente a cada noticia no sea únicamente quién tiene razón, quién ganó la discusión o a quién beneficia una decisión.
Tal vez debamos empezar por otra, mucho más incómoda y mucho más universal: ¿Estamos dispuestos a exigirnos a nosotros mismos aquello que reclamamos de los demás? La respuesta, más que cualquier discurso, es la que termina revelando la verdadera dimensión de nuestros principios.
*Colaboración para En Provincia.
