Por Guillermo Cavia –
Cada 20 de junio, la Nación vuelve a pronunciar el nombre de Manuel Belgrano. Se lo invoca con discursos solemnes, con apelaciones al sacrificio y al patriotismo, con flores depositadas al pie de los monumentos. Pero detrás de esa liturgia surge una pregunta inevitable: ¿qué vínculo existe entre esos valores fundacionales y las conductas que hoy algunos funcionarios encarnan bajo el amparo del mismo gobierno que lo homenajea?
Belgrano entregó su vida a la causa pública. Renunció a privilegios, donó su patrimonio, se consumió en batallas y murió en la pobreza, convencido de que la política era servicio y no promoción personal. Su austeridad no fue un gesto aislado, sino una ética sostenida: los cargos, entendía, pertenecen a la Nación y no a quienes los ocupan.
Por eso resulta tan difícil comprender que, mientras se exalta su figura, se sostenga sin reparos a funcionarios alcanzados por fuertes cuestionamientos públicos. La contradicción no es jurídica: es política y moral. Porque una cosa es la inocencia judicial, que toda persona merece, y otra muy distinta es la responsabilidad institucional, que exige transparencia y ejemplaridad.
En ese contexto aparece la figura de Manuel Adorni, convertido por el presidente Javier Milei en uno de los rostros más visibles de su gestión. Más allá de lo que puedan determinar o descartar las instancias judiciales correspondientes, lo que genera debate es la decisión política de respaldarlo sin matices frente a cuestionamientos que reclaman explicaciones claras. Allí es donde el espejo de Belgrano devuelve una imagen incómoda: la ejemplaridad pública no se mide únicamente por lo que la ley obliga, sino también por lo que la ética demanda.
Un gobierno que proclama estándares elevados debería ser el primero en despejar cualquier duda sobre la conducta de sus representantes. No para proteger a un individuo, sino para proteger a las instituciones. Esa es la diferencia entre la defensa personal y la defensa del bien común.
El homenaje a Belgrano pierde fuerza cuando se reduce a ceremonia. No basta con nombrarlo, ni con pronunciar discursos emocionados. Su legado exige más: exige desprendimiento, exige coherencia, exige que quienes lo invocan se midan con la vara que él mismo se impuso.
Belgrano fue bandera, ética, convicción, austeridad y sentido de responsabilidad pública. Entendió que el poder solo tiene legitimidad cuando se ejerce al servicio de los demás y no de los intereses propios.
Por eso el contraste con ciertas prácticas de la política actual duele. No porque los hombres de hoy puedan ser comparados con los héroes de ayer, sino porque la distancia entre el discurso y el ejemplo parece agrandarse cada vez más.
Quizás el verdadero homenaje no consista en recordarlo una vez al año, sino en preguntarse si quienes lo citan estarían dispuestos a vivir bajo las mismas exigencias morales que él abrazó. Porque la historia no recuerda a los dirigentes por los homenajes que rindieron a los próceres, sino por cuánto se parecieron a ellos cuando les tocó ejercer el poder.
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