Por Martín Zuccato –
“Si bien la guerra caliente terminó el 14 de junio de 1982, la guerra fría de palabras (con Argentina) todavía continúa” denunciaba agudamente el isleño Mark Pollard en su reciente presentación ante el Comité de Descolonización de la ONU.
Es verdad, la batalla de 1982 fue solo eso, una batalla –la más horrorosa- en una guerra (a veces sorda) que comenzó en 1833 con la invasión británica a las Malvinas y con la expulsión de los habitantes que residían allí bajo jurisdicción Argentina. Los súbditos británicos, no deberían sorprenderse y menos los chilenos que se consideran Kelpers, con la duración de este conflicto. La historia bélica de la humanidad es extremadamente extensa. Cabe recordar La Guerra de los Cien Años, donde Inglaterra combatió contra Francia durante 116 años; y la de Arauco, en la que los mapuches lucharon contra españoles y chilenos durante 282 años, siendo ésta seguramente la guerra más larga de la historia.
“El reclamo argentino sobre nuestra soberanía debe terminar ahora. No el año que viene, ni en otros diez años, sino ahora”, bramaba ante el mismo comité Leona Roberts, chilena residente en Malvinas, devenida en asambleísta Kelper. Sus declaraciones traslucen desesperación, la angustia de quien sólo ve sus intereses sin evaluar el contexto en el cual ha edificado los mismos. Sin embargo, los ilegales asambleístas, si bien aciertan con el diagnóstico sobre su preocupante futuro, equivocan la causa primera de las zozobras jurídicas y de los riegos que se ciernen sobre su repentinamente próspera economía.
En efecto, Argentina jamás cesará su reclamo de soberanía, y el derecho internacional ya no consiente la existencia válida de sistemas imperialistas o colonialistas (específicamente desde el año 1960, en que la Resolución N° 1514 de la ONU incluyó a las Islas Malvinas como territorio a descolonizar).
Por lo tanto, y sobre todo desde la escalada del año 1982, el Foreign Office inglés ha cambiado su estrategia, tratando de validar sus posesiones sin título a través de nuevos argumentos jurídicos, más políticamente correctos para hoy, esto es el respeto de los deseos e intereses de los isleños, y su supuesto derecho a la autodeterminación.
Flacos argumentos estos, con lo que se pretende justificar que un puñado de “electores” hábilmente implantados por la potencia inglesa, cuyo número total ronda los 1700, tengan derecho a desmembrar un territorio nacional separando una de sus partes. Y no sólo porque esa reducida cantidad de personas -que no alcanzaría a llenar la platea de un teatro de Buenos aires o de Londres-, no es representativa ya de por sí por su escaso número y dudosa radicación en las islas, sino porque el Reino Unido ha manipulado desde siempre a la población Kelper, limitando la posibilidad de inmigrar, de radicarse o de trabajar en las islas, con normas aún más estrictas que las que rigen en las propia Inglaterra, con todo lo cual no existe en el lugar un pueblo que pueda considerarse “colonizado” y que deba “emanciparse”. Es más, los isleños han votado en el año 2013 por seguir siendo británicos, -y no por la autonomía- ya que la supuesta “independencia” es claramente inviable desde el punto de vista económico, entre otros.
Por lo tanto, hasta tanto los isleños no acepten respetar el derecho internacional y el necesario diálogo entre Argentina y el Reino Unido, y entiendan que la solución para su futuro no pasa por defender tras los cañones ingleses su postura cerrada y egoísta que solo contempla intereses económicos aislados de todo contexto histórico y jurídico, seguirán construyendo su futuro sobre cimientos de arena.
