Dr. Luis Sujatovich –
Los navegadores constituyen una de las piezas centrales de la red. Sin ellos, la búsqueda de información sería muy complicada, tediosa y menos eficiente. Es por eso que en muchas ocasiones son sinónimos. Buscar algo en Google o en Internet resulta equivalente. Y, como bien sabemos, el éxito que le deparó este servicio los convirtió en dominantes y sus ramificaciones llegan a casi todos los dispositivos del planeta. Este protagonismo pone en tensión la noción de ciudadanos en relación a un territorio, a leyes, a autoridades, a derechos. ¿Qué sucedería si el año próximo todos los navegadores decidieran diez dólares por cada búsqueda? ¿Y si decidieran que cada cuenta de correo tiene un costo de 100 dólares mensuales? Quizás colapsaría el sistema, o simplemente quedaría bajo el usufructo de quienes pueden pagarlo. Se trataría, en consecuencia, de reforzar los privilegios dentro de una sociedad (a escala mundial) que tiene muy acendrada esa costumbre.
¿Y cómo podríamos participar en la elaboración de una alternativa que no nos obligue a resignarnos a su voluntad omnímoda de poder? La pregunta podría formularse de una manera más sencilla: ¿quién tiene la potencialidad de protegernos contra los reiterados abusos de los monopolios? Sí, adivinó: el Estado. Acaso uno de los mayores desafíos que tiene para la próxima década es hallar las estrategias para no dejar librado al mercado todo cuanto ocurre en la red. No basta con estar presente para ofrecer información y gestionar trámites a distancia. Porque aun suponiendo que se hallaría en mejores condiciones que los particulares para su desempeño, dado que tendría mayores posibilidades de reclamar ante un abuso contra su autoridad, no podría evitar su condición de inquilino. Como nosotros. Es indispensable por lo tanto que el Estado advierta su debilidad, que es también la nuestra, para que se aboque a la tarea de generar sus propias herramientas que dependan sólo en una mínima proporción de las empresas extranjeras. Por supuesto no se propone que haga una red paralela, pero tampoco puede ser, apenas, un usuario más.
En 1937 se fundó Radio Nacional, en 1951 se creó la Televisión Pública, en 2018 se conformó Cine.Ar: es momento que el Estado ponga a disposición un navegador propio. Su intervención en la cultura desde la comunicación es indispensable y esa discusión – aunque nos llevó casi dos siglos – parece estar saldada. Tendríamos así no sólo un espacio para recorrer espacios multimediales sin amenazas, sin contenidos peligrosos (por ejemplo, para los niños y adolescentes) y con la protección de los datos sensibles bajo la legislación nacional y teniendo la oportunidad de dialogar con sus administradores sin tener que recurrir a un tribunal internacional. Antes que algún distraído hable de censura, es preciso destacar que no se pretende prohibir la navegación por los medios habituales. Como nadie exige escuchar la emisora pública. Intervenir en la red debe ser un asunto del Estado, de lo contrario seguirá siendo un espacio privado que simula ser público.
