El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires expresó su firme rechazo a un proyecto impulsado por nueve legisladores del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, al considerar que la iniciativa busca desregular la actividad inmobiliaria y equiparar a profesionales matriculados con personas sin formación ni habilitación específica.
La postura fue dada a conocer por el presidente de la entidad, Luis Eusebio Colao, quien cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que, bajo el argumento de una supuesta desregulación del mercado, se intenta modificar aspectos centrales del ejercicio profesional.
Según explicó Colao, uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la modificación del artículo 80 de la normativa vigente, que excluiría de infracciones y multas a quienes intervengan en operaciones de compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público.
“El proyecto no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas”, afirmó el titular de Martilleros BA.
Desde la entidad sostienen que la iniciativa representa un retroceso en materia profesional y afecta el reconocimiento de quienes cursaron estudios universitarios y cumplen con los requisitos de matriculación exigidos por la legislación provincial.
Asimismo, Colao acusó a los legisladores impulsores de la propuesta de promover medidas que vulneran el esfuerzo y la capacitación permanente de los profesionales del sector. En ese sentido, destacó que los corredores y martilleros públicos se forman académicamente y participan de manera constante en cursos y actividades de actualización para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
El Colegio también advirtió sobre el posible impacto laboral que podría generar la aprobación de la iniciativa. De acuerdo con la institución, la medida podría precarizar o incluso poner en riesgo las fuentes de trabajo de más de 200.000 familias que dependen directa o indirectamente de la actividad inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires.
El debate en torno al proyecto suma así un nuevo capítulo en la discusión sobre el alcance de las políticas de desregulación impulsadas por distintos sectores políticos, mientras entidades profesionales mantienen su postura de defensa de la matriculación y del ejercicio regulado de la actividad inmobiliaria.
