Por Guillermo Cavia –
El gobierno de Javier Milei llegó al poder montado sobre un fenómeno político pocas veces visto en la Argentina reciente. No ganó únicamente por el desgaste del kirchnerismo ni por el fracaso económico de las administraciones anteriores. Ganó, sobre todo, porque millones de argentinos decidieron creer. Creer que alguien, finalmente, iba a romper con la lógica de privilegios, corrupción, acomodos y abandono que convirtió al país en una máquina sistemática de frustraciones.
La apuesta era enorme. También lo era la esperanza.
Por eso hoy, quizás, el mayor problema del oficialismo no sea la oposición. Ni siquiera la crisis económica. El verdadero riesgo es otro: que empiece a romperse el vínculo emocional con una parte de la sociedad que acompañó el cambio con convicción y que ahora comienza a sentir decepción.
El problema para el Gobierno no pasa solamente por la economía. También empieza a aparecer un desgaste en la credibilidad. El respaldo permanente de Javier Milei a dirigentes de máxima confianza, como Manuel Adorni, es leído por algunos sectores como una necesidad de blindar políticamente a su núcleo más cercano antes que como una respuesta a las demandas sociales. Y allí comienza una contradicción difícil de explicar para un espacio que llegó prometiendo terminar con ciertos privilegios de la política.
El discurso anticasta fue demoledor porque conectó con una bronca real. Pero gobernar implica algo más complejo que denunciar. Implica demostrar. Y ahí empiezan las dudas. Mucho más cuando semanalmente cierran fábricas, comercios y pequeñas empresas, mientras miles de personas pierden sus empleos en silencio y sin estadísticas que alcancen para describir la angustia cotidiana.
Muchos argentinos observan con desconcierto situaciones que chocan de frente contra aquel relato moralizador que prometía terminar con las viejas prácticas. Designaciones discutidas, privilegios intactos, operadores reciclados y comportamientos políticos demasiado parecidos a los que antes se cuestionaban generan una sensación peligrosa: la idea de que, en la práctica, las cosas no son tan distintas.
Pero tal vez el problema más profundo sea otro: la pérdida de reflejo frente a la vida real. La desconexión con lo cotidiano. La sensación de que algunos funcionarios dejaron de comprender cómo vive la mayoría de la sociedad.
Muchos parecen haberse transformado más en CEOs de empresas que en servidores públicos. Desconocen cuánto cuesta llenar un changuito en el supermercado, no saben el valor de un boleto de colectivo, no recorren rutas destruidas durante las vacaciones ni viven la incertidumbre de quien depende del transporte público para trabajar. Se mueven entre autos oficiales, vuelos privados o pasajes en primera clase mientras una enorme parte del país enfrenta una realidad cada vez más áspera.
Y ahí aparece una imagen brutalmente simbólica: la Ruta Nacional 3.
Miles de argentinos la recorren todos los días esquivando pozos, arriesgando la vida y sintiendo que el Estado desapareció. Una ruta estratégica para el transporte, la producción y la integración territorial debería haberse transformado en autopista hace décadas. Sin embargo, continúa deteriorándose entre promesas incumplidas, falta de inversión y ausencia de mantenimiento visible.
Y esa imagen vale más que cualquier discurso.
Un país gigantesco como la Argentina no puede resignarse a no tener infraestructura ferroviaria moderna ni trenes de pasajeros de larga distancia en condiciones. No puede naturalizar que viajar entre ciudades dependa casi exclusivamente de ómnibus caros que circulan por rutas inseguras. Un país sin trenes es un país fragmentado. Desconectado social, económica y culturalmente.
¿Cuántos funcionarios nacionales viajaron alguna vez en el tren entre Retiro y Córdoba cuando todavía funcionaba? Veintitrés horas de viaje para unir dos de las ciudades más importantes del país. Veintitrés horas que muestran hasta qué punto la Argentina quedó detenida en el tiempo.
Tampoco parece conmover demasiado que antes los trenes y ahora los micros sean apedreados en distintos puntos del país como si la violencia estuviera completamente naturalizada. Y lo más grave no es solo el ataque. Es que no pase nada. Que no haya consecuencias, prevención ni presencia estatal.
Porque la ausencia del Estado no se mide únicamente en la obra pública paralizada. También se mide en autoridad, control y capacidad de garantizar orden.
Mientras tanto, crece una fatiga silenciosa en sectores que no necesariamente quieren que al Gobierno le vaya mal. Al contrario: muchos todavía desean que funcione. Pero empiezan a advertir cierta soberbia política, dificultad para escuchar y una obsesión por la confrontación permanente mientras los problemas elementales siguen esperando respuestas.
La sociedad argentina hizo un esfuerzo enorme para acompañar este cambio. Soportó ajuste, inflación, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo porque entendió que era necesario ordenar un país devastado. Pero ningún crédito social es infinito. Cuando la gente percibe que el sacrificio no viene acompañado de ejemplaridad, sensibilidad y cercanía con los problemas reales, el desgaste comienza.
Y ahí aparece el verdadero peligro electoral.
No porque la oposición haya reconstruido una alternativa sólida —de hecho, muchas veces exhibe más diferencias internas que acuerdos— sino porque el desencanto puede transformarse en abstención, apatía o castigo. La historia política argentina está llena de gobiernos que confundieron apoyo popular con obediencia permanente.
El voto no se hereda. Mucho menos el crédito moral.
Milei todavía conserva un capital político importante y mantiene respaldo en una parte considerable de la sociedad. Pero la política tiene una regla implacable: los gobiernos empiezan a perder cuando dejan de interpretar el estado de ánimo de quienes los llevaron al poder. Y quizá la discusión ya no sea solamente económica. Quizá empiece a ser emocional. Porque la decepción, cuando aparece después de una gran esperanza, suele ser mucho más peligrosa que el enojo.
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