Por Guillermo Cavia –
El debate sobre el cigarrillo ya no gira en torno a si hace mal. Eso está fuera de discusión. La novedad es otra, y tiene nombre propio: el Reino Unido.
Allí, el gobierno impulsa una de las políticas antitabaco más ambiciosas del mundo: prohibir la venta de cigarrillos a cualquier persona nacida a partir de cierto año, elevando progresivamente la edad legal para fumar hasta que, en la práctica, el consumo desaparezca. No es una restricción más. Es un intento explícito de terminar con el tabaco como hábito social.
El argumento sanitario es contundente. El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas evitables de muerte, asociado a enfermedades cardiovasculares, cáncer y afecciones respiratorias crónicas. En sistemas como el británico, cada año se destinan miles de millones a tratar patologías vinculadas al cigarrillo. Reducir ese impacto no solo salva vidas: libera recursos en un sistema de salud siempre exigido.
Ahí es donde la política sanitaria se convierte también en política económica. Menos fumadores implican menos gasto público a largo plazo. Menos presión hospitalaria. Menos tratamientos costosos. En tiempos de cuentas ajustadas, la prevención gana peso como herramienta de gestión.
Pero la solidez del argumento no elimina las tensiones.
Porque esta medida introduce una lógica novedosa: no todos los adultos serán iguales ante la ley. Una persona podrá comprar cigarrillos y otra no, simplemente por haber nacido un año después. La pregunta es inevitable: ¿es esto una política de salud o una redefinición de los límites de la libertad individual?
Además, hay antecedentes que obligan a la cautela. Las prohibiciones estrictas rara vez eliminan la demanda; tienden a desplazarla. El riesgo de un mercado paralelo —más difícil de controlar, sin estándares de calidad y potencialmente más dañino— no es menor. Incluso en un país con alta capacidad institucional, como el Reino Unido, ese efecto no puede descartarse.
También queda pendiente qué hacer con los actuales fumadores. La estrategia apunta a que el hábito desaparezca con el tiempo, pero en el corto plazo conviven generaciones con derechos distintos y conductas arraigadas. ¿Se trata de acompañar un proceso de salida o de marcar una línea divisoria cada vez más rígida?
El caso británico funciona, en el fondo, como un laboratorio global. Si resulta exitoso, podría marcar el camino para otros países. Si falla, dejará lecciones sobre los límites de la regulación estatal en conductas privadas.
Porque detrás de la discusión sobre el tabaco hay algo más profundo: la tensión entre proteger a la población y respetar la autonomía individual.
Y esa, a diferencia del cigarrillo, está lejos de extinguirse.
Fotografía: https://pixabay.com
