La diputada nacional Liliana Schwindt (Frente de Todos) presentó la iniciativa que promueve que los servicios de telefonía celular y WiFi se consideren esenciales y por tanto “se garantice a todos los usuarios su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad, a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.
En el marco de la pandemia de Coronavirus, la diputada nacional por el Frente de Todos Liliana Schwindt presentó un proyecto de ley para que los servicios de telefonía móvil e internet sean declarados públicos, esenciales, estratégicos y un derecho humano.
De esta manera, la legisladora propone que “se garantice a todos los usuarios su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad, a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.
“La situación que estamos viviendo deja en claro que tanto internet como telefonía celular son un servicio público, la falta de controles que han tenido todo este tiempo es vergonzoso”, aseveró en ese sentido Schwindt.
A su vez, expresó con énfasis que “las empresas aumentan a gusto, envían facturas inentendibles, molestan con el telemarketing, cargan servicios que no se piden, hoy en día eso tiene que tener una regulación. La única manera que esto tenga un fin es que sea declarado servicio público”
“Vivimos en el Siglo XXI, en la ‘Era de la Información’ y precisamos estar comunicados. La pandemia de Coronavirus ha desnudado esta necesidad. Si hay una necesidad universal, debe haber un derecho público y un servicio esencial que lo satisfaga”, agregó también.
El texto se ampara en el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y en la necesidad de comunicación que se ha profundizado en la cuarentena. Por eso, establece que “el Poder Ejecutivo Nacional garantizara el Servicio Universal de telefonía móvil e Internet” y que “establecerá una prestación básica obligatoria que deberá brindarse en condiciones de igualdad a todos los usuarios; la misma será parte integrante de todo contrato entre la compañía prestadora del servicio y el usuario”.
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