Editorial –
Cada verano, la Costa Atlántica se convierte en escenario de accidentes que podrían haberse evitado. Jóvenes que vuelcan en cuatriciclos, familias que se arriesgan en areneros, choques en zonas prohibidas: detrás de cada episodio hay un denominador común, la falta de responsabilidad. Lo que parece diversión termina en tragedia, y lo que parece un juego termina activando un sistema de emergencia que cuesta —y mucho— a toda la sociedad.
El traslado de un herido en helicóptero sanitario no es un hecho menor. Implica combustible, mantenimiento, pilotos especializados, médicos a bordo y logística coordinada. Cada vuelo puede costar cientos de miles de pesos, y todo ese gasto se financia con fondos públicos. Es decir, lo paga el ciudadano común que cumple las normas y aporta sus impuestos.
A esto se suma la atención hospitalaria. Las guardias de los hospitales públicos reciben a estas víctimas con recursos que podrían estar destinados a emergencias inevitables: infartos, partos complicados, accidentes laborales. Una cama de terapia intensiva, un respirador, un equipo médico completo se ocupan por imprudencias que podrían haberse evitado con un poco de sentido común.
El sistema de emergencias, como el SIES, moviliza ambulancias, médicos y enfermeros que deben dejar otras tareas para atender estas situaciones. La consecuencia es doble: por un lado, la vida de la víctima depende de un operativo costoso; por otro, se desatienden urgencias de quienes no hicieron nada irresponsable.
La tragedia es personal y colectiva. Personal, porque un joven o un niño puede quedar con secuelas irreversibles o perder la vida. Colectiva, porque los recursos públicos se consumen en hechos evitables, y la sociedad entera paga el precio de la imprudencia.
Este escenario exige más que lamentos. Se necesitan regulaciones más estrictas sobre el uso de cuatriciclos y areneros en zonas turísticas, campañas de concientización que lleguen a las familias y, sobre todo, responsabilidad civil: que quienes incumplen normas asuman parte del costo de los operativos.
El Estado debe responder, porque la vida siempre está primero. Pero no podemos naturalizar que la irresponsabilidad de unos pocos se pague con el esfuerzo de todos. Cada helicóptero que despega, cada cama de terapia que se ocupa, cada médico que deja otra urgencia para atender un accidente evitable es un recordatorio de que la libertad sin responsabilidad termina siendo un lujo demasiado caro.
En definitiva, la Costa Atlántica nos muestra cada verano que la diversión sin límites puede transformarse en tragedia. Y que detrás de cada accidente en los médanos hay un costo social y económico que no debería recaer sobre quienes cumplen las reglas. La responsabilidad es el único camino para que la playa siga siendo un lugar de disfrute, y no de dolor.
Fotografía: Archivo En Provincia.
