Por Guillermo Cavia –
Hay preguntas que cualquier ciudadano se hace mientras intenta llegar a fin de mes, viaja por una ruta llena de pozos o escucha que se discuten leyes que parecen estar muy lejos de sus necesidades. Son preguntas sencillas, casi elementales. Y, sin embargo, parecen no encontrar respuestas en buena parte de la dirigencia argentina.
¿Qué nos está pasando? ¿En qué momento gobernar dejó de significar, ante todo, comprender la realidad de la gente?
Estamos en 2026. Transcurrió más de un cuarto del siglo XXI y todavía hay argentinos que deben salir a la ruta con la incertidumbre de no saber qué encontrarán unos kilómetros más adelante. La Ruta 40, 3, la 22 y tantos otros corredores nacionales son motivo de preocupación para quienes los transitan. Incluso la Ruta 2, una vía fundamental para conectar a millones de bonaerenses con la costa atlántica, requiere atención permanente en materia de mantenimiento, señalización y seguridad.
No estamos hablando de lujos ni de obras faraónicas. Estamos hablando de caminos seguros, de familias que viajan, de transportistas que trabajan, de productores que necesitan sacar su mercadería y de trabajadores que no deberían jugarse la vida por el estado de una calzada.
Entonces, surge una pregunta inevitable: ¿cuántos de quienes toman las decisiones recorren estas rutas como lo hace cualquier ciudadano? ¿Cuántos conocen de primera mano el peligro de una señalización deficiente, un bache profundo o una banquina deteriorada? ¿Cuántos viajan sin chofer, sin privilegios y sin la posibilidad de resolver cualquier inconveniente con una llamada?
Porque mirar un mapa desde un despacho o sobrevolar un territorio no es lo mismo que recorrerlo. Desde el aire se distinguen kilómetros de asfalto; desde el volante se descubren los pozos, las huellas, las marcas que faltan y el temor de quien conduce de noche.
Gobernar también es conocer. Y para conocer un país hay que pisar su suelo, escuchar a su gente y experimentar, aunque sea por un día, los problemas que esa gente enfrenta todos los días.
Pero esa distancia entre las decisiones políticas y la realidad cotidiana no se manifiesta solamente en las rutas. También aparece cuando se discute qué país queremos construir y cómo vamos a administrar nuestros recursos.
La Argentina es un país inmenso, con recursos naturales extraordinarios, agua dulce, tierras productivas y una diversidad geográfica que constituye parte de su riqueza estratégica. Por eso, cualquier modificación de las reglas que regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros merece un debate profundo, transparente y responsable.
La inversión extranjera puede generar empleo, incorporar tecnología y contribuir al desarrollo. Nadie debería desconocerlo. Pero atraer inversiones no significa renunciar a planificar el futuro ni dejar de preguntarnos qué queremos proteger como sociedad.
La Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, estableció límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. El Decreto 70/2023 dispuso su derogación, y la situación jurídica volvió a ser objeto de controversia judicial. En octubre de 2026 se conoció una decisión de la Corte Suprema que restableció provisionalmente los límites mientras continúa la discusión judicial. Es un asunto que merece un seguimiento cuidadoso y una explicación clara a la ciudadanía. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26737-192150/actualizacion“
La pregunta que debemos hacernos no es si todo capital extranjero es bueno o malo. La pregunta es otra: ¿qué garantías necesita la Argentina para que el desarrollo económico sea compatible con el cuidado de sus recursos, su soberanía y los intereses de las generaciones futuras?
¿Es razonable discutir estas cuestiones sin explicar con claridad cuáles serán los beneficios concretos, cuáles los riesgos y quiénes asumirán las consecuencias? ¿Puede una decisión de semejante trascendencia reducirse a una discusión entre oficialismo y oposición?
Un país serio no legisla mirando únicamente la urgencia del presente. También piensa en quienes todavía no nacieron.
Hay otra cuestión que merece una reflexión profunda: la manera de hablar de quien ocupa la Presidencia de la Nación.
La investidura presidencial no es un atributo personal: representa institucionalmente a todos los argentinos, incluso a quienes no lo votaron o discrepan profundamente con sus ideas. Por eso, las palabras de quien ocupa la máxima magistratura deberían estar a la altura de esa responsabilidad.
Se puede ser firme sin ser agresivo, defender convicciones sin descalificar y sostener diferencias sin convertir al adversario en un enemigo. El debate democrático necesita argumentos, no agravios; explicaciones, no humillaciones.
Un presidente tiene derecho a expresar sus ideas con claridad y contundencia, pero también debe comprender que sus palabras tienen una repercusión que excede su persona. Pueden contribuir al respeto entre los ciudadanos o profundizar las divisiones; pueden abrir caminos para el diálogo o cerrar las puertas a cualquier entendimiento.
La autoridad no se demuestra gritando más fuerte ni lastimando al que piensa distinto. Se construye con la palabra, la conducta y el ejemplo.
Porque un país no necesita que todos sus habitantes piensen igual, sino que puedan convivir en sus diferencias sin perder el respeto por el otro. Y quien ejerce la mayor responsabilidad institucional debería ser el primero en comprenderlo.
También hay otro asunto que lastima la confianza pública: la desigualdad entre los ingresos de determinados funcionarios y los de quienes sostienen cotidianamente la economía con su trabajo.
Cuando un trabajador tiene dificultades para alcanzar el millón de pesos mensuales y circulan cifras de remuneraciones estatales de 15, 20, 25 o incluso 35 millones, la sociedad tiene derecho a preguntar de quiénes se trata, qué responsabilidades desempeñan, cómo se componen esos ingresos y qué justificación tienen.
Es necesario verificar cada cifra y distinguir entre salarios efectivamente percibidos, remuneraciones brutas, contratos y otras formas de compensación. La transparencia exige precisión, no rumores. El Estado nacional publica escalas salariales que permiten examinar parte de estas remuneraciones. https://www.argentina.gob.ar/economia/transparencia/salarios
Pero esa exigencia de precisión no invalida la pregunta de fondo: ¿qué criterio de equidad debe orientar la remuneración de quienes administran los recursos públicos? ¿De qué hablan los dirigentes políticos cuando mencionan la palabra igualdad?
No se trata de sostener que todos deben ganar lo mismo, ni de desconocer que existen cargos de alta responsabilidad. Se trata de comprender que el servicio público exige una conducta ejemplar, una explicación clara de los gastos y una sensibilidad especial frente a las dificultades económicas de la población.
La austeridad no puede ser una consigna dirigida exclusivamente a quienes menos tienen. Si se les pide a los trabajadores que hagan sacrificios, los responsables de administrar el Estado deben estar dispuestos a explicar los propios.
Y aquí aparece el hilo que une todas estas cuestiones: el sentido común.
El sentido común consiste en entender que una ruta segura no es un gasto superfluo, sino una inversión en vidas humanas. Que el patrimonio natural de un país requiere planificación. Que los salarios públicos deben ser transparentes y justificables. Que una ley no se vuelve buena simplemente porque la impulsa un gobierno, ni mala porque la cuestiona la oposición.
Sin embargo, demasiadas veces la discusión pública parece atrapada en una lógica de enfrentamientos permanentes. Se defiende una medida porque la propone el propio espacio político, se rechaza porque la presenta el adversario y se pierde de vista la pregunta esencial: ¿esto mejora realmente la vida de los argentinos?
La política debería ser mucho más que una competencia por conservar el poder. Debería ser la capacidad de escuchar, corregir, aprender y reconocer cuando una decisión no funciona.
Para eso hacen falta dirigentes dispuestos a salir de sus oficinas, recorrer las provincias, conversar con los productores, viajar por las rutas que utilizan los ciudadanos y sentarse a escuchar a quienes trabajan ocho o diez horas por día para sostener a sus familias.
Hace falta menos soberbia y más conocimiento de la realidad. Menos consigna y más gestión. Menos explicaciones sobre por qué los problemas son culpa de otros y más responsabilidad por resolverlos.
No todo se soluciona con sentido común, desde luego. Un país necesita planificación, recursos, conocimientos técnicos, instituciones sólidas y decisiones difíciles. Pero ninguna de esas herramientas sirve demasiado cuando falta la voluntad de comprender para quiénes se gobierna.
La Argentina no necesita dirigentes infalibles. Necesita dirigentes capaces de reconocer los problemas antes de que se conviertan en tragedias, de escuchar a quienes conocen el territorio y de revisar sus decisiones cuando la realidad demuestra que se equivocaron.
Se necesitan, con urgencia, funcionarios que comprendan que detrás de cada estadística hay una persona; detrás de cada ruta deteriorada, una vida expuesta; detrás de cada salario insuficiente, una familia que hace cuentas; y detrás de cada decisión sobre nuestros recursos, un futuro que también pertenece a quienes vendrán después.
Porque la política debería tener un propósito esencial: mejorar la vida de la gente. No llegar al poder por el poder mismo, no convertir la función pública en un privilegio ni confundir la administración del Estado con la defensa de intereses partidarios.
Gobernar es servir, escuchar, resolver y dar explicaciones.
Sin embargo, después de tantos años de promesas incumplidas, problemas que se repiten y dirigentes que parecen vivir una realidad diferente de la de sus representados, la sociedad tiene derecho a preguntarse cuánto falta para recuperar ese sentido elemental de la responsabilidad pública.
La Argentina no necesita discursos perfectos ni dirigentes que pretendan tener siempre la razón. Necesita personas capaces de entender lo que sucede fuera de sus despachos, de reconocer sus errores y de actuar con la honestidad y la sensibilidad que la función pública exige.
Gobernar no consiste en mirar la Argentina desde arriba, sino en comprenderla desde abajo, desde el lugar donde la gente trabaja, viaja, produce, educa a sus hijos y lucha por vivir con dignidad.
El sentido común no tiene partido político. La responsabilidad tampoco. Porque gobernar es, ante todo, comprender que el poder es una responsabilidad otorgada por la sociedad y no un privilegio que la separa de quienes la sostienen. Y la realidad, tarde o temprano, termina pasando factura.
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