Por Guillermo Cavia –
El episodio ocurrido en Coronel Suárez, donde el intendente Ricardo Moccero decidió echar al comisario Martín Guevara por haber realizado un control de alcoholemia a la salida de una jineteada, es un verdadero papelón institucional.
No se trata de un gesto menor: en la Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante, una política pública que busca proteger vidas y reducir los siniestros viales. Desautorizar un operativo de control, y hacerlo con frases como “los gauchos no toman jugo de naranja”, no solo es un despropósito cultural, sino también una irresponsabilidad política.
Moccero es intendente desde 1999, con una larga trayectoria en el Partido Justicialista / Frente de Todos. Esa permanencia en el poder debería traducirse en experiencia y capacidad de conducción. Sin embargo, lo que vimos fue lo contrario: una autoridad que antepone la complacencia a la seguridad, la tradición mal entendida al cuidado comunitario.
El alcohol al volante no es una anécdota: es una de las principales causas de muertes evitables en nuestras rutas. Defender la ley no es opcional, es un deber. Y quien ocupa el Ejecutivo comunal debe ser idóneo, capaz de sostener políticas de prevención y cuidado, no de ridiculizarlas.
La decisión de Moccero no solo expone una falta de criterio, sino también una peligrosa señal hacia la sociedad: que las normas pueden ser relativizadas según la ocasión o la conveniencia política. Ese mensaje erosiona la confianza en las instituciones y debilita la cultura de prevención que tanto costó construir.
Además, el hecho de que un intendente se enfrente públicamente a un comisario por cumplir con la ley revela un problema más profundo: la confusión entre autoridad política y responsabilidad institucional. Gobernar no es complacer a una tradición con frases pintorescas, sino garantizar que cada vecino vuelva a su casa con vida.
La comunidad de Coronel Suárez merece un liderazgo que entienda que la tradición gauchesca puede convivir con la responsabilidad vial, que la fiesta popular no se contradice con la vida protegida. Lo que no puede aceptarse es que el poder político se convierta en obstáculo para la seguridad.
Estas situaciones demuestran que lo que acontece es porque hay un intendente que no respondería ante la muerte de una persona, en un accidente vial, debido a la posibilidad de que alguien conduzca bajo la ingesta de alcohol y sus efectos. Se trata de una persona que quizás hasta crea que una muerte no es su directa responsabilidad. Pero lo sería sin lugar a dudas.
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Fotografía: Ministerio de Transporte.
