Por Lola Blasco* –
La captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero no solo alteró de manera abrupta el escenario político venezolano. También abrió una etapa inédita en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y reactivó debates profundos sobre soberanía, legalidad y uso de la fuerza en el sistema internacional.
Desde Washington, la operación fue presentada como una acción precisa, de ejecución rápida y sin víctimas entre las tropas estadounidenses. El objetivo, según explicaron las autoridades, fue detener a una persona acusada por la justicia norteamericana de delitos vinculados al narcotráfico, más que intervenir contra un jefe de Estado extranjero. Esa distinción, sin embargo, no disipa las controversias jurídicas ni políticas que se desprenden de una incursión militar directa en territorio venezolano.
El problema jurídico que deja la operación
Uno de los ejes centrales del debate es el choque entre soberanías. Estados Unidos sostiene que actuó bajo su propia ley penal, con órdenes judiciales vigentes y cargos públicos contra Maduro. Desde esa perspectiva, no se trató de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo, sino de una acción respaldada por el sistema judicial.
El punto más delicado sigue siendo la ausencia de un tratado de extradición entre ambos países. Sin ese instrumento, no existía un canal legal clásico para solicitar la entrega del acusado. En ese vacío, algunos juristas sostienen que se impuso una lógica extrema: prevalece la ley del Estado que tiene capacidad efectiva para aplicarla. Otros advierten que este razonamiento, aunque jurídicamente defendible para algunos, deja un precedente inquietante para el orden internacional.
Continuidad política en Caracas
Lejos de un vacío de poder inmediato, el chavismo reaccionó con rapidez. El Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, apelando a los mecanismos constitucionales que regulan la ausencia temporal del jefe de Estado. Su nombramiento buscó garantizar continuidad institucional en un contexto de máxima presión interna y externa.
Rodríguez, figura clave del poder venezolano en la última década y responsable de áreas estratégicas como el sector energético, asumió un discurso dual: denunció la operación como una violación de la soberanía nacional, pero al mismo tiempo manifestó su disposición a encauzar una relación “respetuosa y equilibrada” con Estados Unidos. En los hechos, Washington parece considerarla una interlocutora viable para administrar una transición controlada.
El marco estratégico: una nueva etapa regional
La intervención en Venezuela no puede analizarse como un episodio aislado. Se inscribe en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que redefine al hemisferio occidental como una zona de influencia prioritaria. Bajo el llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, cuestiones como el narcotráfico, la migración, el control de recursos estratégicos y la presencia de potencias extrahemisféricas pasan a ser consideradas amenazas directas.
Venezuela posee vastos yacimientos de petróleo y gas, recursos estratégicos que, según Donald Trump, Estados Unidos busca controlar. Foto: Fair Politik, PDVSA (2020), BP (2022), NETL (2025) y OPEC (2025).
Venezuela reúne todos esos elementos: ubicación estratégica en el Caribe, vínculos con actores como China, Rusia e Irán, y las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. En este contexto, el control de los hidrocarburos aparece como una herramienta central para condicionar el proceso político y económico que se abre tras la salida de Maduro.
El plan de Washington: estabilizar, recuperar y transitar
Esta semana, el secretario de Estado Marco Rubio detalló ante el Congreso estadounidense la hoja de ruta que impulsa Washington para Venezuela. El plan se estructura en tres etapas que se superponen, pero que persiguen un mismo objetivo: evitar el colapso del país y sentar las bases de una nueva arquitectura política y económica.
La primera fase es la estabilización. Rubio fue explícito al señalar que Estados Unidos busca impedir escenarios de caos social o vacío de poder. En ese marco, justificó la continuidad de una fuerte presión internacional y lo que definió como una “cuarentena” política y económica, destinada a garantizar influencia directa sobre el proceso.
Como parte concreta de esta etapa, confirmó nuevas incautaciones de petróleo venezolano. Washington avanza en un acuerdo para tomar entre 30 y 50 millones de barriles, que serán vendidos a precios internacionales. Los fondos, según explicó, quedarán bajo administración internacional para evitar que terminen en manos del antiguo régimen y para destinarlos —al menos en el plano discursivo— al bienestar de la población.
Superada la estabilización, el plan contempla una fase de recuperación económica. Allí, el objetivo es reintegrar a Venezuela al mercado global, garantizando el acceso de empresas estadounidenses, occidentales y de otros países “en condiciones justas”, en contraste con los esquemas de opacidad y favoritismo del pasado.
La tercera fase, definida como la de transición política, ya muestra sus primeras señales concretas. En los últimos días, el gobierno venezolano anunció la excarcelación de un “número importante” de presos venezolanos y extranjeros, presentada oficialmente como un gesto unilateral orientado a la reconciliación nacional y a la convivencia pacífica. Entre los liberados se encuentran figuras relevantes de la oposición y del periodismo, así como ciudadanos con doble nacionalidad.
Las autoridades no precisaron cuántas personas serán beneficiadas ni si las liberaciones implican la anulación definitiva de las causas judiciales, pero el movimiento fue leído como una señal política en medio de la presión internacional y del proceso de reorganización del poder interno. Organizaciones de derechos humanos observan el proceso con cautela y advierten que su alcance real dependerá de que no se trate de un gesto aislado, sino de una política sostenida que forme parte de un esquema más amplio de pacificación y reconstrucción institucional.
Tensiones internas y repercusiones globales
En Estados Unidos, la operación también abrió fisuras. Donald Trump, que había construido parte de su liderazgo sobre el rechazo a las “guerras eternas”, enfrenta críticas incluso dentro de su propia base política. Legisladores y analistas advierten sobre el riesgo de que el país quede atrapado en una tarea de reconstrucción estatal compleja y prolongada.
En el plano internacional, la reacción fue inmediata. China condenó la intervención y alertó sobre el precedente que podría sentar. Otros actores observan con atención cómo este episodio puede ser utilizado para justificar acciones similares en conflictos abiertos como Ucrania o Taiwán.
Un escenario abierto
Desde la óptica de Washington, la operación fue un éxito táctico. Pero el verdadero desafío empieza ahora. Estados Unidos modificó de manera irreversible el rumbo de Venezuela y, con ello, su propio rol en la región. El resultado —una transición ordenada, un esquema de tutela prolongada o un nuevo foco de inestabilidad— terminará definiendo tanto el futuro venezolano como el legado internacional de Trump.
Por ahora, las certezas son escasas. Lo único claro es que Venezuela se convirtió en el escenario donde confluyen dilemas jurídicos de alta intensidad, intereses estratégicos globales y una redefinición explícita del uso de la fuerza como herramienta de política exterior.
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