Por Lola Blasco* –
Con apoyos clave en el Senado, el Gobierno logró aprobar la “ley de leyes” tras tres años de prórrogas. Ajuste, equilibrio fiscal y recortes sensibles marcan el rumbo económico del próximo año.
Esta semana, el Gobierno cerró el año legislativo con una foto que venía buscando desde hace tiempo: el Presupuesto 2026 aprobado. No es un dato menor. Después de tres años sin una ley de gastos propia, Javier Milei logró que el Congreso avalara su hoja de ruta económica y fiscal. Para la Casa Rosada, es aire. Para la oposición, una señal de alerta.
La votación en el Senado fue contundente: 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Acompañaron al oficialismo no solo sus propios senadores, sino también radicales, legisladores del PRO y sectores del peronismo no kirchnerista. El bloque de Unión por la Patria rechazó el proyecto en conjunto. El resultado dejó en evidencia un dato político clave: Milei empieza a construir mayor gobernabilidad parlamentaria.
El debate fue extenso y atravesado por discusiones que excedieron lo técnico. El Presupuesto se aprobó en general y en particular, incluso con artículos que generaban fuerte resistencia. El foco estuvo puesto en el Capítulo 2, donde se eliminan los pisos históricos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Quedaron sin efecto el 6% del PBI para educación y el sendero hacia el 1% para ciencia.
Desde el Gobierno defendieron esos cambios como parte de una estrategia de orden fiscal y previsibilidad macroeconómica. Aprobar el Presupuesto era clave para cerrar el ciclo legislativo y enviar una señal de estabilidad a los mercados, algo que se reflejó en leves subas de bonos durante la jornada.
En términos económicos, el texto aprobado proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación del 10% anual y un dólar oficial cercano a los $1.423 hacia fines de 2026. Son estimaciones que despiertan dudas incluso entre analistas afines al oficialismo, que prevén escenarios más moderados.
En el plano social, el Presupuesto consolida una línea conocida: recorte de subsidios, ajuste del gasto y mayor focalización de programas. Las jubilaciones tendrían una mejora leve, pero el bono para quienes cobran la mínima seguirá congelado, lo que implica pérdida de poder adquisitivo. También se reducen partidas para discapacidad y políticas alimentarias, mientras que la AUH registra un aumento acotado.
Educación y universidades aparecen como uno de los puntos más sensibles. Aunque habrá asignaciones, el ajuste real respecto de años anteriores es significativo. El oficialismo habla de eficiencia; la oposición advierte sobre un desfinanciamiento estructural.
No todo fue victoria plena para el Ejecutivo. El Capítulo 11, que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, no logró pasar Diputados y quedó fuera del texto final. Un límite político que, por ahora, Milei no consiguió cruzar.
Con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal aprobadas, el Gobierno encara el próximo año con más herramientas formales, pero también con tensiones latentes. Los números ya están escritos. Ahora resta saber cómo impactarán en la vida cotidiana y cuánto respaldo político resistirán cuando el ajuste se sienta en la calle.
Porque el equilibrio fiscal dejó de ser solo una consigna económica: se convirtió en el eje de una disputa política y social que recién empieza.
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