El 21 de septiembre, mientras la ciudad celebraba el Día de la Primavera, un joven fue filmado robando dos gansos de los Lagos de Palermo, en pleno corazón de Buenos Aires. Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraban cómo los animales eran trasladados en un vehículo particular y luego sumergidos en una pileta con agua clorada. El hecho generó una ola de indignación pública, pero también dejó al descubierto una preocupante debilidad institucional: la dificultad para aplicar sanciones efectivas ante el maltrato animal.
Una escena de violencia simbólica
Los gansos forman parte del ecosistema urbano de los parques porteños. Su presencia no es decorativa: son seres vivos que habitan espacios públicos y contribuyen al equilibrio ambiental. Arrancarlos de su hábitat por diversión no solo constituye una agresión física, sino también una forma de violencia simbólica contra lo común, lo compartido, lo vivo.
El gesto del joven —filmado, celebrado y luego borrado— revela una cultura de impunidad y desprecio por la vida silvestre. No se trata de una travesura adolescente, sino de una acción que vulnera derechos básicos de los animales y atenta contra el patrimonio natural de la ciudad.
Obstáculos legales y falta de herramientas
La causa fue iniciada de oficio por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), pero enfrenta serias dificultades. No hay denuncia formal, el video original fue eliminado, y aún no se ha confirmado el destino de los animales. Aunque se identificó el vehículo utilizado, la falta de pruebas directas complica la imputación.
La Ley 14.346 de Maltrato Animal, vigente desde 1954, contempla penas de entre 15 días y 1 año de prisión por causar sufrimiento innecesario. Sin embargo, estas sanciones suelen considerarse insuficientes y de difícil aplicación. En paralelo, la Legislatura porteña aprobó recientemente una reforma al Código Contravencional que permitiría imponer multas millonarias, arresto, trabajo comunitario y prohibición de contacto con animales. Pero la ley aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que impide su implementación.
¿Qué justicia es posible?
La falta de herramientas legales efectivas deja a los animales en una situación de vulnerabilidad extrema. Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de actualizar el marco normativo, agilizar los procesos judiciales y garantizar que los delitos contra la fauna urbana no queden impunes.
La justicia no puede depender de la viralización de un video ni de la presión social momentánea. Debe ser capaz de actuar con firmeza, incluso cuando las pruebas se desvanecen. Y debe reconocer que los animales tienen derecho a vivir libres de sufrimiento, especialmente cuando forman parte del espacio público.
Una ciudad que defienda lo común
Más allá de la sanción penal, este hecho invita a reflexionar sobre el vínculo entre ciudadanía y entorno. ¿Qué tipo de ciudad queremos habitar? ¿Una que permita que sus animales sean tratados como objetos, o una que los proteja como parte de su identidad?
Los gansos de Palermo no son propiedad de nadie. Son parte de lo común. Y lo común merece ser defendido con leyes, con gestos, con memoria.
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