El tipo de cambio sigue cayendo en Uruguay y acumula un retroceso superior a 16% desde el inicio del año pasado. En términos reales, Uruguay está en una “trampa” que supone una “muerte lenta”, según advirtió el CERES que es el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
La cotización del dólar sigue cayendo, está en torno a 37,5 pesos, el nivel más bajo desde el 31 de enero de 2020, previo al fuerte salto que exhibió durante los primeros compases de la pandemia (cuando la paridad escaló vertiginosamente hasta 46 pesos, en el contexto de un incremento inusitado de la volatilidad y la incertidumbre global). Con esta nueva caída, que es la onceava consecutiva, el tipo de cambio acumula un retroceso de 6,4% en lo que va del año (3,2% desde que comenzó junio).
Esta tendencia está en línea con el debilitamiento que viene mostrando el dólar a nivel global (asociado a la pausa en el proceso de suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos), y supone un cambio con relación a lo sucedido el año pasado, cuando la moneda uruguaya se desacopló del resto: en un contexto de depreciación generalizado, el peso uruguayo se apreció más de un 10% frente al dólar. De esta manera, la apreciación del peso uruguayo –es decir, la caída del tipo de cambio– supera el 16% si se considera la trayectoria observada desde el comienzo de 2022.
Si bien la caída sostenida del dólar viene agudizando los problemas de competitividad, es el factor que ha contribuido a la moderación de la inflación observada durante los últimos meses. En ese sentido, la inflación de los productos transables de la canasta de consumo –aquellos cuyo precio es sensible a los vaivenes del dólar porque se determina a partir de condiciones de oferta y demanda globales– se ubica por debajo del 5% anual, es decir, más de dos puntos por debajo de la medición global de la inflación (7,1%).
A modo de ejemplo, los cálculos del CERES indican que, si el tipo de cambio aumentara 12,5%, es decir, si saltara hasta 42,7 pesos y corrigiera la mitad del atraso actual, la inflación se ubicaría en torno a 8,7% a fines de 2023.
El conflicto con las metas de inflación no es el único problema asociado a la eventual corrección de este problema. Sobre esto, el director del CERES se refirió también al conflicto con la estrategia de emitir deuda en pesos nominales, con el movimiento sindical (producto de la recuperación del poder adquisitivo), con los intereses empresariales (ante posibles cambios en la regulación asociados a la mayor libertad de importación), con el sector informal que vive del contrabando, con los funcionarios públicos y también con la política fiscal (dada la menor recaudación que supondría el menor crecimiento). En definitiva, “mejorar la situación actual implica asumir potenciales conflictos en varias dimensiones”.
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