El Gobierno ha dado un paso decisivo en la modernización de la regulación aeroportuaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, clarificar responsabilidades y fortalecer la seguridad operacional en todo el sistema.
La medida introduce un nuevo esquema de gestión, mediante el cual se transfieren a los explotadores de aeródromo funciones que hasta ahora eran ejercidas por las Jefaturas de Aeródromos y Aeropuertos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Un cambio estructural con impacto directo
- Eficiencia operativa: al acercar la toma de decisiones a quienes gestionan diariamente los aeródromos, se agilizan procesos y se reducen duplicaciones.
- Claridad institucional: la reasignación de funciones delimita con mayor precisión las responsabilidades, evitando superposiciones y fortaleciendo la gobernanza.
- Seguridad operacional: el nuevo esquema refuerza la capacidad de respuesta frente a incidentes y emergencias, al otorgar mayor autonomía a los explotadores.
Funciones transferidas
Entre las tareas que pasan a manos de los explotadores se encuentran:
- Servicios de dirección y seguridad operacional en plataforma.
- Emisión de credenciales vehiculares y permisos de conducción en áreas de movimiento.
- Servicio Follow-Me y control de vehículos.
Argumentos a favor
- Eficiencia y agilidad: se reducen tiempos y burocracia en la gestión diaria.
- Normativa actualizada: las resoluciones recientes de la ANAC ordenan el marco regulatorio y lo alinean con estándares internacionales.
- Respuestas a auditorías internacionales: la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) había señalado la necesidad de modernizar y clarificar funciones.
Críticas y preocupaciones
- Privatización de funciones críticas: se cuestiona que empresas como Aeropuertos Argentina y London Supply asuman tareas vinculadas directamente con la seguridad operacional.
- Riesgo de pérdida de control estatal: al reducir la intervención directa de la ANAC, algunos expertos temen menor capacidad de fiscalización inmediata.
- Transparencia y rendición de cuentas: se plantea la necesidad de mecanismos claros para garantizar que los explotadores informen de manera precisa al AIS sobre condiciones de los aeródromos.
Una lectura política e institucional
La decisión interpela porque traslada responsabilidades sensibles para la seguridad aérea a actores privados, lo que obliga a repensar el rol del Estado como garante último. El dilema queda planteado:
- ¿Modernización y eficiencia al estilo internacional?
- ¿O un paso hacia la desregulación que exige mayor vigilancia ciudadana y estatal?
Una mirada hacia el futuro
Este cambio no solo responde a estándares globales de gestión aeroportuaria, sino que también abre la puerta a una cultura de mayor profesionalización y compromiso por parte de los actores locales. La ANAC mantiene su rol rector y de supervisión, garantizando que la modernización se traduzca en beneficios concretos para pasajeros, trabajadores y comunidades.
En definitiva, se trata de una reforma que combina eficiencia con seguridad, pero que también invita a la reflexión sobre el equilibrio entre autonomía privada y control estatal.
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