Según fuentes relacionadas a un grave incidente en una cárcel Federal, se puedo conocer que una fiscal federal, Cecilia Incardona se transformó en noticia por su decisión en la causa FLP 9116/2025, donde un interno del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza prendió fuego un colchón en su celda, generando un foco ígneo con riesgo para la seguridad de todo el establecimiento.
Pese a que el daño fue tasado en más de 50 mil pesos y que el hecho implicó un acto de sabotaje dentro de un penal Federal, la fiscal resolvió que no hay delito y pidió archivar la causa, calificando el incendio como una mera forma de “protesta carcelaria”.
Como si fuera poco, Incardona también solicitó revocar la participación del Jefe del Complejo Penitenciario como actor civil, negando la posibilidad de reclamar siquiera la reparación de los daños ocasionados. Con este criterio, la fiscal no solo minimiza hechos graves contra la seguridad penitenciaria, sino que además desarma a la institución frente a conductas que socavan el orden y la autoridad del Estado.
Según las mismas fuentes “La postura de la fiscal confirma un patrón: el de utilizar el derecho penal de manera selectiva y permisiva, cerrando causas sensibles que involucran a sectores violentos y debilitando a las instituciones que deben garantizar la seguridad pública”.
La sociedad y el sistema penitenciario quedan así en una situación de indefensión, mientras una fiscal federal elige el camino de la impunidad, enviando un mensaje claro: en la Argentina, hasta prender fuego una cárcel puede quedar sin castigo.
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