Las elecciones internas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el marco de la búsqueda de reelección de Abel Furlán, derivaron en un escándalo judicial y político sin precedentes. Lo que debía ser una jornada democrática en la seccional Zárate-Campana terminó atravesada por denuncias de violencia, fraude y manipulación de padrones, con causas abiertas tanto en la justicia federal bonaerense como en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Denuncias de violencia y fraude
Los apoderados de la oposición, encabezados por la Lista Naranja, presentaron pruebas de hostigamiento con armas de fuego, amenazas a fiscales, rotura de urnas y padrones alterados. Entre los hechos más graves se señala la intimidación al fiscal Cristian Monzón y el impedimento de ingreso de Alejandro Aguilar a la Junta Electoral Seccional. Más de 20 urnas llegaron con precintos violados y se registraron irregularidades en el padrón que dejaron sin voto a fiscales previamente validados.
Intervención policial y barras bravas
La oposición también denunció la presencia de efectivos de la Policía Bonaerense junto a grupos violentos identificados como “barras bravas”, quienes habrían actuado para impedir el acceso de fiscales al escrutinio. El propio miembro de la Junta Electoral, Francisco Tapia, declaró que no se permitiría el recuento de las urnas volantes, lo que conspira directamente contra la legalidad del proceso.
La batalla judicial
El conflicto se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires, donde el abogado Santiago Arrizabalaga interpuso un recurso directo para anular los comicios. El planteo central sostiene que la voluntad de los afiliados fue viciada mediante la manipulación de padrones y la falta de transparencia en la custodia de los votos.
Antecedentes y sospechas de corrupción
Las irregularidades en Zárate-Campana se suman a antecedentes en Morón y La Plata, donde también se denunciaron maniobras de proscripción y fraude. A esto se agrega un escándalo financiero: el convenio firmado en 2023 con la empresa USEM SA, creada apenas dos meses antes de convertirse en administradora exclusiva de los fondos metalúrgicos. La firma, vinculada a personas de confianza de Furlán, recibe una comisión millonaria mensual por manejar las cuentas del gremio.
En paralelo, hechos como el robo de 150 millones de pesos en efectivo en Campana y las inversiones de dirigentes en studs de caballos refuerzan las sospechas de corrupción en la conducción nacional.
Un antes y un después
Con causas abiertas en la justicia federal bonaerense y en los tribunales laborales de la Capital, la conducción de Abel Furlán enfrenta su mayor crisis de legitimidad. Lo que se resuelva en ambos fueros marcará un antes y un después en la democracia interna del sindicato metalúrgico.
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