Los proyectos apuntan a que, aquellos lugares que fueron incendiados, pasen a manos del Estado. Se trata del inmueble de Bartolomé Mitre 3060, donde funcionó el local bailable que arrojó 194 muertos, y el de Luis Viale 1269, donde vivían y trabajaban 65 personas en condiciones de explotación laboral y hacinamiento, y fallecieron 6 personas.
El primer proyecto
El primer proyecto plantea que el edificio del boliche de la zona de Once, propiedad de Rafael Levy -el mismo dueño que al momento del incendio- sea expropiado para “resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad”.
El objetivo es que el lugar se transforme en un espacio para la memoria en recuerdo de las víctimas, que se sume al santuario ubicado enfrente al edificio que, en la actualidad, sirve de espacio de encuentro y homenaje pero que, al estar al aire libre, sufre periódicamente vandalizaciones.
El 30 de diciembre del 2004, unas 194 personas, en su mayoría jovenes, murieron al quedar atrapadas dentro del local bailable, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado, durante un recital de la banda Callejeros, cuando comenzó un foco de incendio de la mediasombra situada en el techo por el uso de bengalas.
El segundo proyecto
El segundo expediente, que está impulsado por la Comisión por la Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, destaca “el interés por preservar el sitio” a partir de “connotaciones afectivas y racionales”.
“Las primeras están relacionadas con el respeto a las víctimas, las segundas a la toma de conciencia de la cadena de responsabilidades que permitan a los habitantes de la ciudad conocer sobre las distintas formas de explotación”, agrega la iniciativa.
El taller textil clandestino de Luis Viale era un galpón con una planta baja donde estaban las maquinarias y un primer piso para las “habitaciones”, en realidad separadas solo por telas y cartones.
Allí, habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblito distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.
El 30 de marzo del 2006 se desató un incendio en la planta superior por un desperfecto eléctrico y causó la muerte a seis personas que no pudieron escapar por el humo: Juana Vilca, de 25 años y embarazada; Wifredo Quispe, de 15 años; Elías Carabajal, de 10 años; Rodrigo Carabajal, de 4 años; Luis Quispe, de 4 años y Harry Rodríguez, de 3 años.
