Un nuevo escándalo involucra al Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras la decisión del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, de ordenar allanamientos vinculados a la empresa Bio Limp, actual proveedora de alimentos en la Unidad Penal de Ezeiza. La investigación apunta a presuntos vínculos entre la firma y la empresa Foodrush, que había sido sancionada años atrás por irregularidades en el servicio de comida.
En estos días según fuentes del juzgado, Villena dispuso el allanamiento de las oficinas del director del SPF, Fernando Julián Martínez, en el mismo día en que se resolvía la nueva licitación para la provisión de alimentos en Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad. La adjudicación volvió a recaer en Bio Limp.
La causa tiene antecedentes en un habeas corpus presentado años atrás, cuando se denunció comida en mal estado en el penal de Ezeiza. En ese momento, peritajes de la ANMAT confirmaron que los alimentos superaban los valores máximos permitidos de Escherichia coli y no eran aptos para consumo humano. Villena prohibió entonces a Foodrush participar en futuras licitaciones del SPF.
Pese a la sanción, Foodrush volvió a presentarse en una nueva licitación junto a otras empresas sin antecedentes en el rubro y Bio Limp, dedicada originalmente a servicios de limpieza. La adjudicación a Bio Limp derivó en nuevas denuncias por la calidad de los alimentos, lo que motivó al juez a reabrir la causa en noviembre bajo la carátula de “Envenenamiento”.
Fuentes cercanas al caso señalaron que en inspecciones realizadas en el penal se detectó que los camiones utilizados por Bio Limp pertenecían a Foodrush. Además, se comprobó que parte del personal de cocina era el mismo que había trabajado para la empresa sancionada.
Los allanamientos ordenados por Villena permitieron secuestrar documentación que aún está en análisis. Entre los hallazgos figuran facturas emitidas por Bio Limp a Foodrush por un monto cercano a 150 millones de pesos, lo que refuerza la hipótesis de una sociedad encubierta entre ambas firmas.
La investigación continúa y podría derivar en nuevas medidas judiciales en torno a la provisión de alimentos en cárceles federales, un servicio clave que ya había sido cuestionado por su calidad y por las denuncias de corrupción en anteriores licitaciones.
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