Por Martín Zuccato –
Insólita elección en la factoría británica
Uno de los cambios más trascendentes ocurridos en las Islas Malvinas luego de la batalla de 1982, es que el Reino Unido decidió otorgar derechos políticos a sus habitantes, además de la ciudadanía británica, de todo lo cual carecían antes del dictado de la “Falkland Islands Constitution” de 1985 (luego reformada en 2008).
Es así como el próximo jueves 4 de noviembre, estos ocupantes llevarán a cabo una elección para realizar la habitual renovación cuatrianual de todos los miembros de su Asamblea Legislativa.
Vale la pena recordar que en el año 1960, y por iniciativa de la misma Gran Bretaña, las Islas Malvinas fueron incluidas por la ONU en los procesos de descolonización, mediante la resolución N° 1514 de 1960.
La intención británica fue la de otorgar la “independencia” a las islas, persiguiendo así su definitiva separación del territorio argentino.
Sin embargo, en un importante éxito diplomático argentino, se logró que en el año 1966 la ONU dictara la famosa resolución 2065 que reconoció la existencia de un reclamo de soberanía argentina sobre las Malvinas, por lo que se invitó a ambos países a encontrar una solución pacífica a la controversia, la que deberá contemplar los intereses de los isleños, pero no sus deseos, por lo que se excluye par el caso el pretendido derecho de autodeterminación que enarbola la estrategia inglesa.
La vieja artimaña inglesa de otorgar la “independencia” a los territorios usurpados a otros países queda anulada, no solo, porque se ha dispuesto que la forma de encontrarle una solución al diferendo es a través de las negociaciones bilaterales entre ambos gobiernos (y no con los isleños), sino porque además la ONU tiene establecido que “todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, fijando una clara posición respecto de que allí donde estuviera en riesgo la integridad territorial de los Estados, no debe recurrirse a la aplicación de la libre determinación.
Pero, más allá de que el derecho internacional no coloca al derecho de autodeterminación de los pueblos por sobre la integridad territorial de las naciones, es notoria también la anómala situación en la que se hallan habitadas las Malvinas, lo cual hace aún más irrisoria la posibilidad de que alguna forma de “autodeterminación” de ese pequeño conjunto de personas pueda afectar los derechos inalienables de la República Argentina sobre las mismas.
En efecto, los ingleses han manipulado a la población kelper implantada desde la usurpación en 1833, limitando su número (que ronda entre los 2000 y 3000 desde siempre) y evitando que en esos territorios surjan nuevos y verdaderos grupos poblacionales que puedan “autodeterminar” algo que sea contrario a los intereses británicos.
Sin duda los “deseos” de los habitantes isleños serían diferentes a los actuales, si las Islas Malvinas hubieran tenido un crecimiento poblacional libre como lo tuvieron el resto de las ciudades patagónicas argentinas, con nutridas corrientes migratorias argentinas y de otros países limítrofes, que multiplicaron su población en forma geométrica desde principios del siglo 20.
Para mantener ese control, la ilegal constitución isleña posee un complejo sistema que combina la ciudadanía británica, el estatus de isleño y el derecho de permanencia, con los cuales se logra que en las supuestas elecciones solo participen los ciudadanos británicos y los escasos isleños de viejo arraigo, con expresa exclusión –como candidato o como elector- de cualquier persona que haya hecho reconocimiento de lealtad, obediencia o adhesión a una Potencia o Estado extranjero.
Y lo más singular del sistema es la escasa participación política de los isleños: se postulan once miembros para ocupar ocho cargos, vale decir que todos los que se postulan –excepto tres- “ganarán” las elecciones.
Pero eso no es todo: de los once propuestos, solo cinco son nacidos en las Islas Malvinas, los restantes provienen del Reino Unido, y una de las candidatas –Leona Roberts- nació en Chile, aunque de madre isleña.
Es inconcebible, entonces, que en un supuesto “pueblo” de sólo tres mil habitantes, la mitad de sus “legisladores” sean extranjeros.
Y esto sucede porque a las Malvinas gran parte de los “electores” van en realidad a trabajar, y luego, cuando se jubilan, retornan a sus hogares en Gran Bretaña. Como prueba de ello, vemos que las tasas de nacimiento y de muertes en las islas son muy bajas.
Es que Malvinas tiene desde la usurpación, el comportamiento de una factoría colonial, y no de un pueblo autónomo con derecho a la autodeterminación.
Tanto es así, que en un referéndum llevado a cabo en el año 2013, más del 99 por ciento de la población contesto SI a la siguiente pregunta: “¿Desea usted que las islas Falklands (Malvinas) retengan su actual estatus político como territorio de ultramar de Reino Unido?”, lo cual no hace sino revelar la mirada claramente dependiente del imperio Británico que poseen las personas allí radicadas.
Y en definitiva, ellos también son utilizados por el Reino Unido con objetivos propios e imperialistas.
Porque como ya lo dijera el político Laborista inglés Edward “Ted” Grant: “Los conservadores quieren hacer ver que la suerte y los deseos de los habitantes de las Islas Malvinas son el factor primordial en todas sus consideraciones. En la práctica, es la última cosa que les preocupa. Sacrificarían los intereses de los malvinenses en un abrir y cerrar de ojos si esto correspondiera a los intereses del imperialismo británico. Es el prestigio del imperialismo británico y la perspectiva de las riquezas exóticas de la Antártida lo que determina la política del gobierno de Londres, y NO LOS INTERESES DE LOS MALVINENSES”.
