Desde el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina (OVOA) se llevó a cabo el primer pedido de información pública con el fin de obtener respuestas sobre cómo se aborda la vulneración sistemática de derechos en la atención obstétrica y sus consecuencias posteriores en nuestro país.
La necesidad de este pedido de información surgió a raíz de los dramáticos datos que está arrojando el nuevo relevamiento impulsado por el OVOA sobre el recorrido que hacen las mujeres para llevar adelante las quejas administrativas por violencia obstétrica.
“La voz de las mujeres es incuestionable, ante la pregunta de ¿cómo se sienten con el proceso de queja administrativa? el 47% refiere sentirse ignorada, mientras el 23% refiere sentirse revictimizada y el 22 % humillada”, advierten desde el OVOA.
El pedido formal fue enviado al Ministerio de Salud de Nación que es quien tiene competencia para la elaboración de estrategias para la plena implementación de la Ley De Parto Respetado (N° 25929), así como a los organismos que reciben reclamos o quejas por su incumplimiento: Consavig, Defensoría del Pueblo de Nación e INADI.
Desde el año 2004 en nuestro país, mediante la Ley 25929, se reconoce el derecho a poder vivenciar un “Parto Respetado”; además la Ley 26485 “De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” reconoce a la violencia obstétrica como una de las modalidades de violencia hacia las mujeres. La letra de la Ley es incuestionable, y es taxativa a la hora de establecer que no existe justificación alguna que exima a los equipos de salud de garantizar “Partos Respetados”.
La vulneración no termina después de la atención obstétrica. No sólo sistemáticamente los servicios de atención incumplen con la mencionada norma sino que desde distintos organismos del Estado las mujeres son alentadas a realizar “denuncias”, aunque, según las disposiciones vigentes esto es imposible.
“No sólo porque no están habilitadas las vías legales, sino porque estos organismos no tienen competencia sancionatoria en caso de incumplimiento. Se configura así, una nueva vulneración al alentar con falsas expectativas iniciar un proceso que es emocional y psicológicamente muy difícil de atravesar y el cual dichos organismos saben de antemano que va a terminar en la nada”.
“A 17 años de sancionada la ley 25929, el Estado Argentino aún no garantiza la protección de los derechos humanos de las mujeres, no las reconoce como víctimas y por lo tanto no cuenta con una política efectiva de reparación”, aseguran desde el OVOA.
Si tuviste parto o cesárea en Argentina del año 2004 al presente y fuiste víctima de violencia obstétrica, hayas hecho algún tipo de denuncia o no, te pedimos te tomes unos minutos para completar esta encuesta. La voz de cada una de nosotras es imprescindible.
