Por Guillermo Cavia –
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura en el Gobierno Nacional no fue una decisión estratégica, sino un síntoma. Un indicio de lentitud institucional, de reflejos apagados, de una gestión que observa el incendio cuando ya se ha propagado. Durante semanas, las acusaciones por vínculos con Fred Machado —investigado por narcotráfico— y el pago de USD 200.000 que generó ruido judicial y mediático, exigían una respuesta clara. Pero el oficialismo eligió el silencio, la espera, el cálculo. La condena a ese hecho ya está registrada y se verá en unos días más durante el mes de octubre.
La Libertad Avanza no anticipó el daño. No protegió la legitimidad de sus listas ni la confianza de sus votantes. La renuncia llegó tarde, con las boletas ya impresas, y con una maniobra que tensiona la ley de paridad de género: el intento de reemplazar a Espert por Diego Santilli, ignorando a la segunda candidata en la lista, Karen Reichardt. ¿Qué mensaje se transmite cuando la legalidad se dobla para acomodar urgencias?
Este episodio no es menor. Revela una fragilidad en la toma de decisiones del oficialismo, una falta de reflejos que erosiona la credibilidad institucional. Y si el Estado debe afrontar el gasto millonario por la reimpresión de boletas, la pregunta ética se vuelve inevitable: ¿quién paga el costo de la improvisación?
La política no puede permitirse el lujo de llegar tarde. Porque cuando el tiempo político se vuelve tardío, lo que se pierde no es solo eficacia: se pierde confianza, se pierde dignidad, se pierde la posibilidad de reparar antes de que el daño se vuelva irreversible.
El pueblo argentino hace años que soporta muchas manipulaciones, hartos de lo que acontece como si fuera moneda corriente. Nadie está fuera de la realidad de la improvisación. Solo basta con mirar alrededor, lo que es cotidiano. Inseguridad traducida en billones de toneladas de rejas en todas las casas, de ciudades grandes y pueblos donde antes nadie tocaba algo. Hasta se ven cercas eléctricas. Problemas de tránsito, como ocurre en la Capital de la Provincia de Buenos Aires, donde la calle no tiene controles y cada cual hace lo que quiere, menos estacionar en lugares no permitidos, lo demás puede hacerse sin problemas, nadie actúa para terminar con ese flagelo que cuesta vidas y altas sumas de dinero.
Estamos sumidos en una manera mala de vivir. Quienes creían en una esperanza se dan cuenta que todo es más de lo mismo. Hay renuncias que llegan tarde, escándalos que se administran en silencio, y decisiones que se postergan hasta que el daño se vuelve irreversible.
La renuncia de José Luis Espert, el caso Libra y las acusaciones de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no son episodios aislados: son síntomas de una misma fragilidad institucional. Una política que no anticipa, que no responde a tiempo, que confunde la contención con la ética.
El Gobierno Nacional ya había anticipado su falta de reflejo, los audios filtrados del ex titular Diego Spagnuolo revelaron un esquema de sobornos y desvío de fondos que involucra a Karina Milei y “Lule” Menem. La reacción oficial fue evasiva, marcada por ausencias y silencios. ¿Qué sucede cuando el poder no responde, no explica, no repara? ¿Incluso cuando ataca al periodismo? Lo que se erosiona no es solo la eficacia, también el tiempo ético. Una vez que el daño está instalado la dignidad institucional ha sido postergada. Cuando el poder llega tarde, lo que se pierde es confianza, legitimidad, y la posibilidad de cuidar lo público con gestos que reparen.
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