Debido a la “disponibilidad gradual de dosis de vacunas”, se estableció un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas en base a un “marco bioético fundado en los principios de igualdad y dignidad de derechos, equidad, beneficio social y reciprocidad”.
Para establecer las prioridades se tuvo en cuenta “el riesgo de desarrollar la enfermedad grave y complicaciones por COVID-19, la probabilidad de una mayor exposición al virus, la necesidad de mitigar el impacto de la COVID-19 en la realización de actividades socioeconómicas y la posibilidad de incidir en la cadena de transmisión”.
El inicio de la vacunación, precisa el Plan, será en los grandes aglomerados urbanos, “donde la evidencia indica que se presenta una mayor proporción de casos confirmados, con transmisión comunitaria sostenida y las mayores tasas brutas de mortalidad”.
En el tope del riesgo por exposición y funciones se encuentra el personal de salud(escalonado en función de la Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios). Le sigue el personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria) y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.
En cuanto a los grupos poblacionales, tienen prioridad los adultos de 70 años y más, seguidos por las personas mayores residentes en hogares de larga estancia, los adultos de 60 a 69 años y los adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo.
